Quienes aspiren a ganar las próximas elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela (UCV), tendrán que dedicarse -con especial ahínco- a convencer a egresados y estudiantes de que les den su voto, pues son estos grupos los que depositarán el mayor número de papeletas, ahora que fue aprobada la Ley Orgánica de Educación (LOE).

El presidente de la comisión electoral de la UCV, Tony Chacón, explica que al establecer la paridad de voto entre los integrantes de la comunidad universitaria e incluir en dicho grupo al personal obrero y administrativo, el artículo 39 de la norma cambió radicalmente el padrón electoral de esa casa de estudios.

"Ellos hablan de que la votación será igual para todos. Si es así tendrían que votar: Todos los egresados, que son 160 mil en cincuenta años; los estudiantes, que están alrededor de 43 mil 700; los profesores, que entre jubilados y activos llegan a 5 mil 200; y la población de obreros, que entre contratados y fijos suma 10 mil", detalló.

Aunque Chacón admite que todos los que laboran en la universidad forman parte de su comunidad, asegura que los profesores y alumnos son la esencia de la institución y por ende sus votos deberían tener un mayor peso en las elecciones.

"¿Por qué cuando se elige a la junta directiva de la Asamblea Nacional no participa el personal obrero y administrativo?, seguramente es porque la esencia del Parlamento son sus diputados, y en esto apoyo a Luis Fuenmayor Toro cuando dice que en la universidad las elecciones no son populares sino de jerarquías académicas", señaló.

El profesor rechazó la modificación no sólo porque contraría la definición de comunidad universitaria que existe en la Carta Magna, sino también porque con el cambio se equipara el voto de profesores y alumnos. "La mayoría de los estudiantes están en los primeros semestres de la carrera, así que colocas el parecer de alguien que apenas conocen la universidad a la par del de un profesor con 20 años de carrera. Puede que el alumno deserte la carrera y es él quien terminará decidiendo el destino de la UCV", advierte.

Por otra parte, estima que si la democratización de la universidad es lo que preocupa al Gobierno tenían que extender el alcance de la disposición a todas las instituciones de educación superior. "Se están reservando para sí las experimentales, que tienen más de 10 años intervenidas, y las que han creado sin luego convocar a elecciones. Mal pueden hablar de democracia participativa, protagónica y plural para cinco universidades autónomas y no para las otras 20 que están intervenidas", dijo.

A juicio del académico el Gobierno pretende legitimar la violación de la autonomía universitaria, con la aplicación de la LOE. "No podemos pensar que esto vendrá con tanques en las aulas sino con la violación de las normas y leyes establecidas", aseveró.

Rebeca Fernández
EL UNIVERSAL