Luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, afirmara que en el seno de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) conviven homosexuales, la Cámara aprobó en la sesión ordinaria de ayer un "voto de censura" contra la jerarquía eclesiástica.

La condena fue propuesta por la jefa de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud de la AN, Marelis Pérez, para rechazar el comunicado emitido hace una semana por la CEV, en el que cuestionó el proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género.

En esa oportunidad, los obispos denunciaron que ese texto legal atenta contra el matrimonio, la familia y los niños "al legitimar uniones del mismo sexo" y "desconocer la protección constitucional al derecho a la inviolabilidad de la vida humana, sea por medios anticonceptivos o por el aborto".

Pérez subrayó que "en ese proyecto no se está discutiendo el aborto ni las uniones homosexuales", al tiempo que acusó a los prelados de falsear la realidad para descalificar a la AN y confundir a la opinión pública.

La lideresa del Poder Legislativo llamó a los integrantes de la CEV "manipuladores, mentirosos e inmorales", y añadió: "Ellos no son ningunos santos (&) Nosotros creemos que los gays tienen sus derechos, incluyendo los gays que están dentro de la Iglesia, dentro de esa cúpula eclesiástica, que los hay y que digan que no".

Después, el parlamentario Earle Herrera (PSUV-Anzoátegui) se preguntó con sarcasmo: "¿Por qué en su oportunidad la CEV no mandó a cerrar el hotel Bruno?", donde asesinaron al padre Jorge Piñango en 2006.

Aunque se dio por aprobada, la moción jamás se debatió ni se sometió a votación. El secretario de la AN, Iván Zerpa, explicó que como ningún representante de la "oposición" tomó la palabra, asumieron que existió un "consenso tácito" en torno a la iniciativa de Pérez.

El artículo 187 de la Constitución establece que a la AN sólo le corresponde dar voto de censura al Vicepresidente de la República y los ministros.

Contra la reelección La plenaria inició ayer la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Registro Civil. Los diputados oficialistas se enfrentaron por el artículo 35, que determina: "Los registradores civiles ingresarán por concurso (...) durarán siete años en el ejercicio de su cargo (...) pudiendo optar a un nuevo período".

Simón Calzadilla (PPT-Aragua) planteó eliminar el límite de tiempo impuesto al funcionario, recordando los argumentos esgrimidos para sancionar la primera enmienda a la Carta Magna. Entonces, el responsable de la Comisión de Política Interior de la AN, Tulio Jiménez, admitió que no tenía problemas en concederle la "reelección indefinida a los registradores".

Al escuchar esto, Carlos Escarrá (PSUV-Aragua) intervino para alertar sobre lo peligroso que es "atornillar a una persona en esa condiciones". Su colega Luis Tascón alzó la voz para recordar lo importante que es restringir la permanencia de una persona en un cargo. "Eso garantiza la estabilidad de la República", sentenció.

Flores consideró que los registradores deben ser de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, a Jiménez no le convenció la idea y, al final, acordaron diferir este punto.

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