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Trabajadores de RCTV exigen castigo para sus agresores

Luisana Ríos y los camarógrafos Carlos Colmenárez y Antonio Monroy rindieron sus testimonios ante la Corte (AP)
Corte IDH celebró segundo juicio contra el Estado por ataques a periodistas, en 1 año

San José.- Ayer, por segunda vez en lo que va del año 2008, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos escucharon los relatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación venezolanos que han sido atacados y agredidos en los últimos años por simpatizantes del Gobierno mientras realizaban su trabajo. En esta ocasión, se trató de personal de Radio Caracas Televisión (RCTV).

La periodista Luisana Ríos y los camarógrafos Carlos Colmenárez y Antonio Monroy le informaron al tribunal hemisférico, el cual estuvo presidido imprevistamente por el mexicano Sergio García Ramírez, debido a una "leve y transitoria indisposición" de su presidenta, la chilena Cecilia Medina, sobre los hechos en los que se vieron envueltos; y exigieron que sus atacantes sean castigados.

Colmenárez fue el primero en tomar la palabra. Él relató que en la noche del 19 de agosto de 2003 fue herido por un policía en Caracas durante una manifestación. "Yo enfoco (la cámara) al último (policía) motorizado, él carga la escopeta y nos apunta", declaró, al tiempo que agregó: "Dispara y siento los perdigones que me dañan parte del cuello y brazos".

El camarógrafo aseveró que nunca se acercó a los manifestantes y que estuvo siempre con sus colegas de RCTV. Asimismo dijo que tras ser herido reclamó al jefe del escuadrón policial y éste desestimó sus quejas.

"El comisario me dijo: '¿Le viste el nombre o el número de placa?' (al agente que disparó). 'No, imposible', le dije. 'Bueno, no hay nada que hacer', me respondió", señaló.

Posteriormente le tocó el turno a Monroy, quien en agosto de 2002 recibió un balazo mientras cubría una protesta de afectos al Gobierno que se desarrollaba en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Ese mismo día el máximo juzgado rechazó procesar a cuatro militares involucrados en los sucesos de abril de 2002.

Pese a que sobre este camarógrafo pesaba una medida de protección dictada por la Comisión Interamericana, a finales de 2007 fue atacado nuevamente por grupos de chavistas exaltados a las puertas de un tribunal en Caracas.

Acto seguido le tocó el turno a la representación del Gobierno, encabezada por el agente ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, Germán Saltrón; y por el ex fiscal general, Isaías Rodríguez, quienes aseveraron que este tipo de acciones no son alentadas por las autoridades.

"Estamos totalmente optimistas. Nuestra mejor defensa es la verdad", expresó Saltrón a la agencia AFP antes del inicio de la audiencia.

El ministro de Comunicación, Andrés Izarra, también testificó y ofreció la versión oficial. Sin embargo, su intervención generó polémica. La razón: Habría "agredido verbalmente" a uno de los denunciantes.

La periodista Luisana Ríos, en declaraciones a Globovisión, aseveró que el portavoz del Ejecutivo puso en duda las habilidades del camarógrafo Colmenárez, quien en 2005 abandonó RCTV para irse a Telesur, donde apenas estuvo 16 días. De esta manera Izarra le habría salido al paso a las versiones que aseveran que Colmenárez fue despedido del canal estatal por ser uno de los que demandaron al Estado ante instancias internacionales. JFA

Los abogados de los demandantes, Pedro Nikken y Carlos Ayala, al conversar con AFP, se mostraron confiados en que este caso servirá para "establecer estándares en este continente de que los periodistas no pueden ser impunemente agredidos". Ayala remató diciendo: "Queremos que se establezcan las responsabilidades internacionales del Estado y se respete el derecho a la libertad de expresión".

Celebrada esta audiencia, ahora los magistrados dictarán su fallo, lo que podría tomar unos cuatro a seis meses.

En el primer trimestre de este año, la Corte con sede en Costa Rica conoció también el caso de los ataques y agresiones contra los periodistas y trabajadores de Globovisión.

RCTV tiene otra denuncia contra el Estado ante los organismos interamericanos, la cual está referida a la manera como el Gobierno no le renovó su concesión en 2007.


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