Qué estipula

Incluye a los consejos comunales en el diseño, supervisión y control de los planes de simplificación de trámites administrativos. Las comunidades podrán proponer soluciones y alternativas a los trámites que generen problemas, trabas u obstáculos. Cada órgano administrativo tendrá la potestad para determinar de qué forma canalizará la participación de la ciudadanía en esta materia.

Los entes y organismos de la Administración Pública están obligados a crear ventanillas únicas, nombre que se les da a las oficinas encargadas de atender a los tramitantes. Las habrá de dos tipos: institucionales e interinstitucionales.

Los órganos de la Administración Pública pertenecientes a gobernaciones y alcaldías tendrán que regirse por esta nueva ley. La norma anterior -promulgada en 1999- sólo aplicaba para los poderes estatales y municipales cuando éstos no contaran con un régimen especial.

Los sistemas de transmisión electrónica de datos de los órganos de la Administración Pública deben estar en la capacidad de recibir la información de los tramitantes y de compartir dicha información con otros organismos públicos, si es requerido.

¿Constitucional?

Sí

Los cambios planteados a esta norma están avalados por la Constitución. Sin embargo, el abogado Juan Carlos Gutiérrez cuestiona el hecho de que la ley fuera promulgada sin haber sido consultada como lo establece la Carta Magna. "Cualquier tipo de ley debería tener una discusión previa a su promulgación", afirmó.

Cómo afecta

Se espera que la unificación de la normativa para la simplificación de los trámites administrativos, del sistema informativo de los organismos públicos y la creación de ventanillas únicas para la atención de la ciudadanía agilicen la tramitación de documentos para beneficio de la población.

La participación de las comunidades en la mejora y simplificación de los trámites permitirá a la Administración Pública utilizar la información suministrada por los propios usuarios para mejorar los procesos de tramitación.

El uso de sistemas informáticos para la recopilación de datos de los ciudadanos, necesarios para tramitar diligencias y documentos de la Administración Pública, simplifica y facilita los procedimientos. No obstante, el abogado Juan Carlos Gutiérrez considera necesario que se cree una ley que regule el empleo de herramientas informáticas, de forma tal que no pueda ser vulnerada la privacidad del ciudadano.