JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Como "un fraude a la Constitución" calificaron los abogados constitucionalistas Rafael Chavero y Pedro Nikken el paquete de 26 leyes habilitantes anunciadas este viernes por el Gobierno Nacional, pues, a juicio de ambos juristas, no se cumplieron las formas ni maneras para dictarlas.

Chavero denunció que el presidente de la República, Hugo Chávez, se saltó el principio de la participación ciudadana en la elaboración de las leyes, previsto en la Constitución de 1999 y en otras normas dictadas en esta administración.

"La Ley Orgánica de la Administración exige que los proyectos legislativos preparados por el Ejecutivo tengan que ser consultados previamente a los ciudadanos. Incluso esa ley establece la necesidad de diseñar un procedimiento, el cual debe contemplar la presentación de los anteproyectos y la celebración de asambleas donde los ciudadanos y los afectados por dichas normas puedan fijar su posición", afirmó.

En similares términos se pronunció el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, quien, en declaraciones a la agencia AFP, acusó al Primer Mandatario de adoptar "una manera de legislar completamente ajena a las formas democráticas", pues aprobó una serie de decretos que "tocan temas de interés colectivo en materias muy variadas, sin que haya habido posibilidad alguna de discusión".

Chavero, por su parte, señaló que el requisito de la participación no se satisface con el simple hecho de llamar a un determinado grupo o sector para presentarle determinada propuesta, sino que se debe permitir el debate y la discusión.

"No es participar por participar. Este es un tema también de calidad, pues en la medida en la que los destinatarios de una norma hagan observaciones, presenten sugerencias o críticas, se mejora la calidad de las leyes", aseveró, al tiempo que agregó: "Los venezolanos no nos merecemos unas leyes a la carrera, elaboradas de manera apresurada y tras bastidores".

El catedrático también cuestionó el hecho de que el Gobierno no haya publicado el texto íntegro de las nuevas leyes y que se haya limitado a anunciarlas en la Gaceta Oficial. "Esto es una forma de desafiar los límites temporales que le impuso la Asamblea. Se burla de su propio Parlamento, el cual le dio un cheque en blanco y no lo utilizó sino hasta última hora", dijo.

Nikken, entretanto, aseveró que las 26 leyes no pueden considerarse como vigentes, hasta tanto no sean publicadas en la Gaceta Oficial. "La decisión de promulgarlas divulgando solamente sus títulos es un exabrupto desde el punto de vista político y de los valores democráticos", remató.

Por último, Chavero afirmó que la manera como el Gobierno hizo uso de los poderes especiales y el hecho de que varias leyes, por lo que se puede inferir de sus títulos y capítulos, contengan disposiciones que figuraban en la rechazada reforma constitucional, es suficiente para que el Tribunal Supremo deje sin efecto las leyes habilitantes dictadas.