MARLA PRATO

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Barquisimeto.- Más de doscientos funcionarios policiales cerraron de nuevo el acceso hacia la Comandancia de Policía del estado Lara en espera de la respuesta de las autoridades regionales, quienes hasta ayer al mediodía no se habían pronunciado en torno a las exigencias de reivindicaciones laborales exigidas por los trabajadores.

Señalaron los hombres de azul que todas las comisarías, incluyendo Carora, Siquisique, Quíbor, El Tocuyo, Sanare, Duaca y, por supuesto, Barquisimeto, así como las brigadas motorizadas y de patrulla, se encuentran dispuestas a realizar el paro de no obtener respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo regional, con lo cual serían unos 5 mil hombres en todo el estado Lara.

Los funcionarios estuvieron alerta durante la mañana, al correr el rumor de que la Guardia Nacional tomaría el área por la fuerza. Se pudo conocer que estaría acuartelada a la espera de una orden, pero hasta pasadas las dos de la tarde no había sucedido nada. Por su parte, el comandante de la policía, Octavio Chacón, desmintió los señalamientos de los funcionarios e indicó que todo está en orden y que acudiría a la Gobernación para reunirse con el mandatario.

Según los abogados de los policías, los cabos 2º Albenis Linárez y Billasmin Silva, la situación se presenta nuevamente debido a que las autoridades no están honrando el acuerdo suscrito el sábado cuando el general Carlos Colmenárez, director de Seguridad y Orden Público del Ejecutivo regional se comprometió en aprobar las exigencias de los funcionarios.

No queremos -expresaron- llegar al paro de actividades, pero si eso ocurriera la responsabilidad sería del gobernador Luis Reyes Reyes, quien es el único que puede dar su firma para que se cumplan las peticiones que creemos justas.

El comandante -agregaron- es sólo un mediador que no tiene poder de decisión. Nosotros tenemos ocho años esperando por mejores condiciones laborales, en ese momento hubo un conflicto que fue subsanado con promesas que nunca se cumplieron.

Los empleados exigen aumento de 50% de sueldo, que incluye el 30% decretado por el presidente Chávez el primero de mayo y 20% más en septiembre. De igual forma se exige el pago del cesta ticket los 30 días del mes y que no lo suspenda cuando el funcionario está de reposo o durante los días de fiesta.

De igual manera solicitan el pago del fideicomiso que data del año 1997, aumento de pago de prima por hijo, que es de 5 bolívares fuertes, mejora de equipos como armamento y chalecos antibalas. Aseguran querer conseguir mejorar la vida del funcionario y mejores condiciones generales de trabajo.

Para las cinco de la tarde se anunció una posible reunión entre el grupo en conflicto y las autoridades regionales.