ANGIE CONTRERAS C.
EL UNIVERSAL
La aplicación del Sistema Integral de Control Alimentario
(SICA), que otorga guías para la movilización de
alimentos por todo el país, está causando estragos
en la industria nacional, en vista de que impide el normal
desempeño y planificación de las empresas.
Pablo Baraybar, presidente de la Cámara Venezolana de
la Industria de Alimentos (Cavidea) señaló que el
SICA impacta desfavorablemente en la distribución de
alimentos, puesto que las guías no están disponibles
en el momento sino que pueden tardar por lo menos 24 horas
en ser emitidas, lo cual afecta la distribución de alimentos
y la movilización de materias primas.
Baraybar explicó que la industria no puede detenerse
a esperar por la emisión de este documento con los niveles
de inventarios que tiene en estos momentos, los cuales se
ubican entre cinco y seis días, pues cualquier demora
puede causar graves estragos en los despachos y originar problemas
puntuales de abastecimiento.
"En los procesos diarios de despachos, algunos camiones no
pueden salir cuando les corresponde sino que les toca salir
al día siguiente. Si el SICA nos para un día perdemos
20% del inventario", acotó Baraybar.
Indicó que en principio las guías se crearon para
atender los problemas de abastecimiento en las zonas fronterizas,
pero ahora las guías de movilización abarcan todos
los estados y todos los productos terminados, regulados o
no regulados.
"La industria atiende la demanda de cada estado, determina
lo que va a despachar de acuerdo a las necesidades que tiene
los establecimientos comerciales en lesa zona".
Manifestó que la industria está tratando de cumplir
con el formalismo del SICA suministrando los datos diariamente,
intentando sacar las guías, pero que la obligación
primaria de la industria es despachar, por lo que la distribución
se realizará con o sin guías de movilización.
Cavidea propone que la industria de alimentos pueda realizar
los despachos sin inconvenientes, con el compromiso de seguir
informando sobre las movilizaciones. "El compromiso no es
informar, sino atender la soberanía alimentaria".
Las acciones
Ante esta situación, Cavidea introducirá ante el
Tribunal Supremo de Justicia un Recurso Contencioso Administrativo
de Anulación contra la Resolución del Ministerio
de Alimentación del 29 de abril, y una acción de
nulidad contra algunos artículos del Decreto-Ley contra
el acaparamiento, la especulación y el boicot.
El organismo considera que estos instrumentos legales no
se ajustan a la realidad de las operaciones del sector, no
garantizan la disponibilidad de productos al consumidor, y
por consiguiente impacta la soberanía alimentaria.
Baraybar explicó que en el caso de la Ley contra el
Acaparamiento, la Especulación y el Boicot solicitarán
se revisen los artículos que imponen la obligación
de continuidad de la operación; cambio, evolución
y cese de la producción de alimentos; la declaración
de utilidad pública y expropiación; ocupación
temporal y comiso de bienes; entre otros.
En cuanto al SICA, alegarán el efecto del sistema sobre
la libertad de elegir del consumidor; la detención de
transporte de alimentos sin guías previas; ventas impedidas;
comiso, y medidas preventivas sin proceso previo que no permiten
oportunidad a la defensa de la industria.
En ese sentido, Cavidea propone que estos instrumentos legales
deben ser "aplicados sin interrumpir las operaciones y actividades
de la distribución de alimentos, reducir el número
de visitas de los organismos fiscalizadores, pero sobregarantizar
que los productores fabriquen y distribuyan los productos
que los consumidores requieren".
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