La Conferencia Episcopal Venezolana dio a conocer un documento en el que señala su oposición a los cambios a la Carta Magna. Entre otros aspectos, señala que la reforma "limita la libertad de los venezolanos; se incrementa excesivamente el poder del Estado, se elimina la descentralización y el Gobierno controla muchísimos espacios de la vida ciudadana". Añaden que "en ese modelo socialista, el Estado y el Gobierno estarían dirigidos por un presidente que puede ser reelecto -sólo él- continuamente, con un poder amplísimo que le permitiría disponer constitucionalmente de instituciones, propiedades y recursos", lo que "modificaría la estructura del Estado democrático".

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas reaccionaron al proyecto de reforma constitucional y rechazaron el contenido, específicamente del artículo 337, relacionado con la suspensión de algunos derechos en el caso de los estados de excepción. Para el SNTP, el referido artículo "representaría un evidente retroceso en materia de respeto y vigencia de los derechos humanos". Por su parte, el CNP señaló a través de un comunicado de prensa, que "La Asamblea Nacional, al eliminar caprichosamente y partidistamente el derecho a la información del artículo 337 de la Constitución, coloca al ciudadano en un estado de total indefensión informativa".

En el Parlamento Estudiantil -que integran 167 representantes electos de todas las universidades e institutos del país-, se pronunciaron contra el proyecto de reforma constitucional, posición que se evidenciará hoy en la marcha que llevarán a cabo a la sede del Consejo Nacional Electoral. Los estudiantes han cuestionado no sólo la modificación del mecanismo de escogencia de sus autoridades, sino la casi totalidad del proyecto. El secretario del referido Parlamento, Yon Goicoechea, declaró que "el Gobierno está lanzando una reforma constitucional que no soluciona los problemas de nadie, sino los de él". El movimiento estudiantil solicita además la postergación del referendo.

Las quince organizaciones de defensa de los derechos humanos reunidas en el Foro por la Vida solicitaron su rechazo a la reforma, específicamente a los artículos 337, 338 y 339, cuyos textos consideraron violatorios de los principios fundamentales de los derechos humanos. En un documento, suscrito por Cofavic, Secorve, Provea, Caritas de Venezuela, Espacio Público y el Observatorio Venezolano de Prisiones, se destacó que las normas se retiran de la cautela necesaria para el ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático. Por su parte, Marino Álvarez, de Provea, opinó que la reforma es antidemocrática y que restringe la participación, "en un proceso donde se escucha una sola voz".

Por considerar que la Constitución puede convertirse "en una fuente de fractura social y de serios conflictos", representantes de diez universidades del país y decenas de catedráticos solicitaron al Parlamento que suspenda el trámite de la reforma constitucional. Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Central de Venezuela , Católica Andrés Bello, Monteávila, de Carabobo, José María Vargas, Arturo Michelena, Metropolitana, de Yacambú, José Antonio Páez y Católica del Táchira ; así como tres miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y 14 profesores de Derecho Constitucional, rechazaron los cambios por ser "jurídicamente inaceptables".

El proyecto de reforma constitucional ha ocasionado el rechazo de todos los partidos políticos de la oposición y la inclusión de uno que hasta hace poco era oficialista: Podemos. Según el secretario general de esa tolda política, Ismael García, frente a una propuesta constitucional que han hecho, "estamos absolutamente en desacuerdo porque ahí no solamente se violan procedimientos, sino que, de aprobarse ese texto en el referendo, estaría el país aprobando, lamentablemente, un modelo hegemónico absolutamente excluyente, que concentra el poder en manos del jefe de Estado", declaró. Partidos oficialistas como el PPT y PCV han mostrado diferencias puntuales con la propuesta, pero la respaldan.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, en Asamblea General Extraordinaria, mostró su desacuerdo con los cambios a la Carta Magna. "Ni es reforma ni es constitucional", dice Consecomercio. Asegura que "mediante una simple reforma se pretende eliminar ese carácter esencial de pluralismo político por un Estado socialista que niega tajantemente cualquier posibilidad de continuar manteniendo el Estado de Derecho y de justicia al que nos comprometimos" y agrega que "un cambio constitucional en los términos propuestos y de la forma como se quiere imponer, inevitablemente, terminará cerrando los caminos hacia el entendimiento, la reconciliación y la convivencia".

Otro sector productivo al que le preocupa la reforma constitucional es a Conindustria. El presidente del ente, Eduardo Gómez Sigala, aseguró que la reforma de la Carta Magna propuesta por el presidente Chávez "contiene elementos que son ilegítimos, pues vulneran derechos humanos fundamentales como la propiedad, la libertad económica y la democracia, que son de naturaleza supraconstitucional". A Conindustria también le preocupa el término economía socialista. "Es un objetivo ideológico que no es compartido por todos los venezolanos. Si bien el Gobierno tiene esa vocación y esa tendencia, no puede ser que se plasme en una Constitución que ese es el único modelo que se debe buscar", dijo.

En lo que a las agrupaciones que representan a los trabajadores se refiere, la propuesta de reforma constitucional ha ocasionado el rechazo desde la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hasta la oficialista Unión de los Trabajadores (Únete). Froilán Barrios, de la CTV, objetó las imposiciones del Gobierno en materia sindical, que quedarán plasmadas en las posibles modificaciones. Por su parte, Orlando Chirino, de Únete, se mostró en desacuerdo con la reelección indefinida y propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer los cambios que el país requiera; además, mostró preocupación por las restricciones a la libertad sindical.

El grupo 400+, integrado por ex embajadores, empresarios, profesionales de diversas especialidades (abogados, médicos, economistas, periodistas, artistas, etc.) militares retirados, ex ministros, entre otros, mostró su rechazo a la reforma en una carta enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos José Miguel Insulza. Señalaron que la modificación de la Carta Magna "es un ejercicio que debe realizarse con la participación y consulta más amplia de la ciudadanía, que debe disponer de los recursos electorales, judiciales y legislativos que garanticen el ejercicio libre y soberano de ese derecho para que sus gobernantes no puedan atropellarla", condiciones que consideran ausentes en Venezuela.

Fedecámaras señaló que la propuesta presidencial es más que una simple reforma, pues "representa una transformación total de nuestro Estado democrático y social". El organismo empresarial estima que la definición del Estado como socialista acaba con el pluralismo. "¿Los que no son socialistas no pueden contratar con el Estado, inscribirse en las misiones o ser empleado público?", preguntó el presidente del ente, José Manuel González. Esto, sumado a la reelección indefinida, la nueva organización territorial, la concentración de funciones en el Presidente y la politización de la Fuerza Armada, conforma un panorama que, según Fedecámaras, representa un retroceso.

Varias organizaciones internacionales han mostrado su rechazo a la modificación de la Carta Magna en Venezuela. Uno de estos entes fue la Sociedad Interamericana de Prensa, que aprobó en la resolución final de la 63a Asamblea General "denunciar ante la comunidad internacional el carácter totalitario y dictatorial (del gobierno de Hugo Chávez), quien pretende adecuar el marco legal en Venezuela a sus violaciones contra los derechos humanos". La organización Human Rights Watch también criticó la eventual suspensión de la garantía al debido proceso cuando se declare un estado de emergencia. Su director para las Américas, José Miguel Vivanco, se mostró preocupado por lo que resultaría en materia de DDHH.