No en balde el Gobierno, a través del INTI, pujó para que la Asamblea Nacional incluyera otra vez en la Ley de Tierras el artículo, que había sido eliminado por el Tribunal Supremo de Justicia, y que permitía las ocupaciones de los predios mientras se negociaba o se decidía en los tribunales acerca de la titularidad de los mismos.

Los casos de El Charcote y La Marqueseña han sido emblemáticos.

El primero porque pertenecía a una empresa extranjera y el segundo porque con él se iniciaron las negociaciones, a través del llamado método Chá-Az.

Ya sea por negociación o por decisión unilateral, las tierras a las que el INTI decide meterle lupa terminan en poder del Gobierno.

El precedente que establece para el resto de los hatos en disputa el acuerdo alcanzado con la compañía inglesa Vestey, está por verse en los próximos días.

Ya lo dijo el presidente del Instituto Nacional de Tierras, Richard Vivas, así un tribunal decida a favor de un propietario, la tierra ocupada será expropiada, pues no van a desalojar a las personas que allí se han instalado, pues asegura que se trata simplemente de justicia social.

Ni siquiera las decisiones judiciales a favor de la propiedad privada podrían proteger a los titulares de mantener intactas las tierras que años atrás adquirieron.

Luego de iniciado el procedimiento de rescate no queda otro remedio que negociar. El condicionamiento por parte del Gobierno de otorgarle tierras a los campesinos, obligará a quienes son los propietarios a solicitar por lo menos el pago de expropiación de parte de sus hatos y de las bienhechurías que allí tuviera.

Los propietarios afectados por la medida del INTI han señalado que permitir la ocupación de parte de sus tierras por grupos campesinos traídos por el gobierno "es el escenario menos malo" que han conseguido para sobrevivir en la lucha contra el latifundio.

Saben que el Ejecutivo terminará por poseer esas tierras. El peor escenario es que no reconozca la propiedad privada sobre las tierras en las que ha iniciado el rescate y simplemente las declare de su propiedad; y el mejor, es que admita que son privadas y pague el dinero que se considere justo por ellas.

rbarreiro@eluniversal.com