ELVIA GOMEZ
EL UNIVERSAL
El tema de la amenaza de expropiación de fundos y haciendas
por parte del Ejecutivo Nacional fue tema otra vez de alarma
entre los partidos políticos de oposición y varios
de sus voceros rechazaron la interpretación particular
que el Gobierno hace de la Constitución y que se traduce
en la confiscación de bienes sin garantizar una contraprestación.
Gerardo Blyde, secretario general de Primero Justicia, instó
a los ciudadanos a no circunscribir el concepto de propiedad
privada sólo al tema de las grandes extensiones de tierras
sino a entender que eso atañe a las pertenencias más
modestas, incluida la propiedad intelectual.
Recordó que en Venezuela roban a los venezolanos a
cada minuto y "cuando el Gobierno confisca las tierras se
comporta como un asaltante más".
Blyde, experto constitucionalista, dijo que no existe
concepto legal en Venezuela que permita la propiedad colectivizada
y recordó que desde la fundación de nuestra
república se consagra el derecho a la propiedad privada.
Denunció que es al Estado al que le corresponde
demostrar la titularidad o no de las tierras en lugar
de obligar a los dueños o presuntos propietarios
a demostrarlo, pues eso es invertir la carga de la prueba.
Cuestionó que el Gobierno hable de pagar las
tierras expropiadas en 2030 o con bonos, pues eso
es una confiscación por más que esos "excesos
constitucionales se adornen con la legalidad de la
Ley de Tierras".
Atizar polarización
César Pérez Vivas, secretario
general de Copei, denunció que Hugo Chávez,
con fines electorales, pretende atizar una "polarización
social entre ricos y pobres" y aseveró
que eso es un falso dilema.
"Se dice que en Venezuela hay una lucha social
de campesinos desheredados que buscan la tierra,
cuando en realidad este es un país urbano
en el que hay poca población campesina
y donde no está planteada esa polarización
que quiere montar artificialmente el Gobierno".
También expresó su preocupación
por el anuncio del primer vicepresidente
de la Asamblea Nacional, Ricardo Gutiérrez
(Podemos) de que la próxima legislatura
se encargará de modificar el concepto
constitucional de propiedad.
Pérez cuestionó que el Gobierno
pretende tener en esta materia "una norma
elástica de modo que le permita confiscar
y expropiar a los venezolanos que disientan
del régimen sus propiedades y atornillar
en la riqueza a los alabarderos del Gobierno,
a los que se están llenando con las
comisiones y negocios del Gobierno".
El dirigente de Copei informó
que el 17 de octubre viajará a
Washington, a la sede de la OEA, una
delegación parlamentaria para poner
al tanto al secretario general de ese
organismo, José Miguel Insulza,
de la violación por parte del gobierno
de Chávez de la Carta Democrática.
Reivindicar la protesta
Leopoldo Puchi, secretario
general del MAS, reiteró la
preocupación por la violación
de la Constitución en la que
incurre el Gobierno con las expropiaciones
y diferenció la exigencia de
respetar la Ley con un apoyo al
latifundio.
Rechazó que se pretenda
impedir el derecho a la manifestación
y se pronunció por reivindicar
fuertemente ese derecho y particularmente
se refirió a la pretensión
del Gobierno de impedir la protesta
de los ganaderos, que busca "ahogar
y asfixiar los puntos de vista
y la protesta".
En la misma tónica, pero
además denunciando la violación
del derecho a la asociación
a través de los sindicatos,
Mary Mogollón, miembro
de la dirección de Proyecto
Venezuela, cuestionó que
el Gobierno amenaza a los sindicalistas
a propósito de las protestas
de trabajadores de Sidor.
También Víctor
Bolívar, vicepresidente
de AD, rechazó los atropellos
del Gobierno y ratificó
las diferencias entre el plan
de Chávez y la Reforma
Agraria de Rómulo Betancourt,
pues ésta no significó
amenaza para la propiedad
privada.
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